Abogado Delitos contra los Trabajadores en Córdoba
Salvador Castillejo Leonés, defensa penal en delitos contra los derechos de los trabajadores en Córdoba
Las relaciones laborales están protegidas por el Código Penal para evitar abusos, discriminaciones y situaciones que atenten contra la seguridad y dignidad de los trabajadores. Ser acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores puede conllevar penas graves, desde multas elevadas hasta prisión, dependiendo de la infracción y sus consecuencias. Además de la indemnización que deberás abonar al trabajador -o a su familia, en caso de muerte- como consecuencia del delito.
Tanto empresarios como directivos o encargados pueden verse implicados en un proceso penal por este tipo de delitos, a veces debido a decisiones empresariales que, sin intención delictiva, acaban vulnerando derechos fundamentales. La legislación es amplia y requiere una defensa penal especializada para evitar condenas que pueden poner en riesgo el patrimonio y la libertad del acusado.
¿Qué se considera un delito contra los derechos de los trabajadores?
El Código Penal recoge varios tipos de delitos en esta categoría, entre los que destacan:
- Incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales (art. 316 y 317 CP)
Los empresarios tienen la obligación legal de garantizar la seguridad de sus trabajadores. Si se incumple esta normativa de manera grave y se pone en peligro la vida, la salud o la integridad de los empleados, puede imponerse una pena de prisión de 6 meses a 3 años, además de multas.
Ejemplo: Un accidente grave en una obra debido a la falta de medidas de seguridad puede derivar en responsabilidad penal para el empresario o responsable de prevención.
- Imposición de condiciones laborales abusivas (art. 311 CP)
Este delito se da cuando un empresario, con ánimo de lucro, impone condiciones de trabajo ilegales o fraudulentas aprovechándose de la necesidad del trabajador.
Ejemplo: Obligar a los empleados a trabajar jornadas abusivas sin respetar descansos legales o sin contrato.
Las penas pueden ser de 6 meses a 6 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.
- Discriminación laboral grave (art. 314 CP)
Se castiga penalmente a aquellos empresarios que discriminen a sus trabajadores por motivos de sexo, orientación sexual, discapacidad, religión, etnia o ideología, si persisten en la conducta tras un requerimiento administrativo o judicial.
Las penas pueden incluir multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio profesional.
Ejemplo: Negarse a contratar a una persona por su origen étnico o despedir a un trabajador por su orientación sexual.
- Tráfico ilegal de mano de obra y explotación laboral (art. 312 CP)
Este delito se aplica a quienes contratan a personas sin papeles en condiciones abusivas o fuerzan a los trabajadores a aceptar condiciones degradantes. También incluye el tráfico ilegal de mano de obra.
Las penas van desde 2 a 5 años de prisión y multas elevadas.
Ejemplo: Redes de explotación laboral que traen trabajadores extranjeros sin papeles y les hacen trabajar en condiciones infrahumanas.
- Negación de derechos laborales básicos (art. 313 CP)
Se castiga penalmente a los empresarios que impidan o dificulten a los trabajadores el ejercicio de sus derechos, como el acceso a la Seguridad Social o el derecho a la huelga.
Ejemplo: Despedir a un trabajador por haber participado en una huelga legalmente convocada.
Importancia de contar con una defensa penal especializada
Ser acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores no solo conlleva consecuencias penales, sino también graves perjuicios económicos y reputacionales. Además, en algunos casos puede derivar en la responsabilidad penal de la empresa, lo que puede afectar gravemente su continuidad.
Aspectos clave en la defensa
- Análisis de la situación: Es fundamental comprobar si realmente se ha cometido un delito o si se trata de una sanción administrativa mal interpretada.
- Examen de pruebas y normativa aplicable: La legislación laboral y penal están interrelacionadas, por lo que un enfoque especializado puede marcar la diferencia.
- Negociaciones previas: En muchos casos, es posible evitar el procedimiento penal mediante la subsanación del incumplimiento o acuerdos extrajudiciales.
- Defensa técnica en juicio: Si el caso llega a juicio, una estrategia bien fundamentada puede evitar condenas severas o conseguir la absolución.
Si te acusan o has sido víctima de un delito contra los derechos de los trabajadores, es fundamental actuar con rapidez. necesitas una defensa penal que actúe con rapidez y precisión. Un mal asesoramiento puede derivar en graves sanciones económicas e incluso penas de prisión. Cada caso es único y requiere un enfoque preciso y experimentado. Con años de dedicación exclusiva al derecho penal, puedo ofrecerte la defensa que necesitas.
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Es simple: un desconocimiento o falta de comprensión del derecho penal puede desencadenar consecuencias extremadamente perjudiciales, desde años de prisión hasta cuantiosas multas e incluso órdenes de alejamiento, de ahí la urgencia de buscar un abogado especialista en derecho penal.
El abogado penalista no solo posee un profundo conocimiento de las leyes y del procedimiento penal, sino que también está capacitado para evaluar la situación de manera objetiva, identificar posibles defensas y estrategias legales, y representar eficazmente los intereses de su cliente ante el tribunal.
En definitiva, las implicaciones de un proceso penal mal gestionado pueden ser devastadoras para la vida de una persona, por eso es fundamental estar bien asesorado.
Lo sabremos en el momento que nos llegue una citación del Juzgado de Instrucción, donde se nos cite en calidad de investigado para prestar declaración por la presunta comisión de un delito.
Si te encuentras en esta situación, asegúrate de preparar una buena declaración o, en su caso, de no prestar declaración. Ya que cualquier cosa que digas va a quedar reflejada posteriormente en el procedimiento, por lo que un mal asesoramiento puede traerte consecuencias extremadamente negativas.
Lo primero de todo es empezar por estudiar la documentación del caso y preparar la línea de defensa con el investigado. Recordemos que cualquier error que se tenga durante la instrucción de la causa puede tener efectos perjudiciales en el posterior juicio.
Es fundamental que tu abogado sepa adaptarse a las circunstancias de cada caso, así como a los imprevistos que puedan surgir, como la declaración espontánea de testigos o pruebas de vídeo que se aporten de forma inesperada.
Por ello, contar con un abogado experto en derecho penal deviene trascendental para asegurarte una correcta defensa.
Generalmente, los procedimientos penales suelen comenzar por recibir una citación del Juzgado de Instrucción para tomarte declaración. En este caso, lo primero que debes hacer es contactar con un abogado de confianza que tenga conocimiento específico en derecho penal, que te pueda ofrecer una respuesta adaptada a tu asunto y basada en la experiencia y el conocimiento previo.
Las consecuencias de un procedimiento penal pueden ser varias: prisión, multa, orden de alejamiento, entre otras. Debes tener en cuenta que en España impera el derecho a la presunción de inocencia que, básicamente, consiste en que todo aquel que acusa de un delito tiene que probarlo.
Por ello, si la acusación no logra probar los hechos que denuncia, no podrán condenarnos por nada.
Debemos tener en cuenta que los efectos de un procedimiento penal son devastadores para cualquier persona debido a la condena que puede imponerse. Esto es así incluso en el caso de salir absuelto, ya que nunca es agradable encontrarse procesado o ser acusado de unos hechos que no se han cometido o que no son del todo ciertos.
Sí. Lo recomendable es contactar lo antes posible con un abogado especializado en derecho penal en Córdoba, que pueda asesorarte sobre los pasos a seguir, sobre las consecuencias de los hechos y que pueda ofrecerte la mejor defensa posible.